"Nunca dudes que un grupo pequeño de ciudadanos comprometidos puedan ser capaces de cambiar al mundo, de hecho, ha sido lo único que lo ha cambiado."
(Margaret Mead)

miércoles, 29 de noviembre de 2017

Entrevista a Madalen Goiria sobre el amparo del HS en Euskadi



A principios del mes de noviembre amanecimos con una gran noticia que, por un lado, hace más amable el panorama legal a las familias que educamos en casa en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y, por otro lado, vislumbra una luz esperanzadora para la realidad del colectivo en el resto del estado:


La nueva redacción del Decreto Balora, de julio de 2017, da un paso más hacia la normalización de estas situaciones, que quedan excluidas de cualquier reproche legal, siempre que se ofrezca a los niños, niñas o jóvenes a cargo de sus padres o cuidadores un programa educativo individualizado, que responda a sus necesidades y no existan otros indicios de desprotección.

Con el fin de investigar un poco más sobre el tema, desde ALE entrevistamos a Madalen Goiria para que nos de alguna pista más sobre lo que supone para el colectivo esta noticia.


Lo primero sería que nos explicaras de forma breve, qué es el decreto BALORA.

A nivel estatal hay una ley orgánica para la defensa del menor. Las CCAA tienen transferida esta opción y cada una tiene su propia ley ordinaria. BALORA es un desarrollo de la ley de protección para la valoración objetiva por parte de servicios sociales de la CAV.

¿De qué forma se ha estado aplicando BALORA en la práctica a las familias que educan en casa?

Hay que tener en cuenta, que en algunos casos las administraciones se han cuestionado la aplicación o no de este decreto a las familias que educan en casa. Es por ello, que siempre que una familia es detectada o citada por los servicios sociales, solicitan que se les aplique BALORA adjuntando, al mismo tiempo, un proyecto educativo y un plan de estudios adaptado a las necesidades de los menores a su cargo.

¿En que medida ha afectado a las familias que educan en casa en el País Vasco?

Desde 2011, que es cuando entró en vigor este decreto, muy positivamente. De hecho, ha bajado el número de casos que van a fiscalía y al juzgado.


¿Cuál es el cambio que se ha hecho en la actualización de julio de 2017?

En la anterior redacción del decreto se hacía referencia a que los tutores legales del menor le proporcionaran a este un programa educativo el cual debían intentar homologar en la administración correspondiente.

En la nueva redacción, este requisito de la homologación se ha suprimido, y se habla de tener un plan de estudios individualizado. Esto así, las familias no deben cumplir el requisito de tener que intentar homologar previamente el plan de estudios, algo que nunca sucedía en la práctica.

Con este cambio, se podría decir que en el País Vasco se puede educar en casa sin miedo a que te persigan por abandono del menor, pero, ¿sigue existiendo la posibilidad de que a una familia la obliguen escolarizar por jurisdicción voluntaria al no cumplir lo que marca la ley de educación?

Con el BALORA  las familias pueden solicitar el cierre del expediente, y por tanto se hace mucho más difícil que llegue hasta el fiscal. En cierto modo, se podría decir, que se cortocircuita el paso a fiscalía

¿Sería viable su aplicación en otras CCAA ?

Perfectamente viable, ya que todas las comunidades tienen transferida esta competencia.

Con este panorama, ¿cuál es el siguiente paso que deberían seguir los colectivos implicados?

Desde los colectivos del País Vasco, lo primero sería intentar que siempre se aplique este decreto, sin que nadie de la administración lo ponga en cuestión.

En la misma línea, también sería deseable que los elementos subjetivos que aún existen dejen de serlo, es decir, que, por un lado, se determine qué es un plan educativo adecuado a las necesidades del niño y, por otro lado, cuáles son los otros factores de desprotección de los que se habla.

Otro paso importante, ya a nivel estatal y de las otras comunidades, sería trabajar para que se aplique de manera generalizada en todas las comunidades autónomas y se permita a las familias poder educar en casa sin ser perseguidos por la administración.

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